Salarios de tramitación lo que debes saber sobre ellos

Los salarios de tramitación son un tema crítico en el ámbito laboral y pueden ser una cuestión determinante para aquellos trabajadores que enfrentan un despido. No solo representan un derecho fundamental, sino que también son un símbolo de justicia laboral en los tribunales. Es esencial comprender su naturaleza, regulación y las implicaciones que conllevan para los trabajadores y las empresas. A continuación, examinaremos en profundidad qué son estos salarios, cómo se calculan y las responsabilidades asociadas, entre otros aspectos clave.

Definición de salarios de tramitación

Los salarios de tramitación son la compensación económica que un trabajador deja de percibir desde el momento en que es despedido hasta que se emite una sentencia judicial que resuelve sobre la improcedencia o nulidad del despido. En caso de que el juez determine que el despido fue injustificado, la empresa está obligada a abonar estos salarios al trabajador por el tiempo que estuvo sin empleo.

El concepto de salarios de tramitación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hasta la reforma laboral de 2012, estos salarios se reconocían de manera más amplia, pero se han restringido considerablemente. Actualmente, solo son aplicables en circunstancias específicas, tales como:

• Despido declarado improcedente con opción de readmisión: El trabajador tiene derecho a recibir salarios desde el despido hasta su reincorporación.
• Despido declarado nulo: En este caso, la empresa debe readmitir al trabajador y pagar los salarios desde la fecha del despido.
• Representantes legales de los trabajadores: Si el despido es improcedente y el trabajador es un representante legal, tiene derecho a los salarios de tramitación, eligiendo entre readmisión o indemnización.

Marco regulatorio de los salarios de tramitación

La regulación actual de los salarios de tramitación se encuentra en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo establece claramente las opciones que tiene la empresa tras la declaración de improcedencia del despido:

1. La empresa puede optar por readmitir al trabajador.
2. Puede decidir pagar una indemnización equivalente a 33 días de salario por cada año de servicio.
3. Si opta por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a recibir salarios de tramitación por el tiempo que estuvo sin empleo.
4. Si el empresario no elige la readmisión, se entiende que opta por indemnización.

Es fundamental tener en cuenta que si el despido se declara improcedente más de noventa días hábiles después de presentar la demanda, la empresa puede reclamar al Estado el pago de los salarios de tramitación por el tiempo transcurrido.

Cálculo de los salarios de tramitación

El cálculo de los salarios de tramitación se realiza tomando como base el salario bruto del trabajador, considerando todos los complementos salariales que normalmente recibiría si no hubiera sido despedido. Estos incluyen:

• Salario base mensual.
• Pagas extraordinarias (normalmente dos al año).
• Complementos salariales por antigüedad, horas extras, etc.

Así, el total de salarios de tramitación se calcula sumando todos estos conceptos desde la fecha del despido hasta la readmisión o hasta que el trabajador encuentre otro empleo.

Impacto de un nuevo empleo durante el proceso de tramitación

Si el trabajador encuentra un nuevo empleo durante el tiempo que transcurre hasta la emisión de la sentencia, se deben considerar varios aspectos:

• El trabajador no tiene derecho a recibir salarios de tramitación por los días que trabaja en el nuevo empleo.
• Si el salario del nuevo trabajo es inferior al que recibiría por los salarios de tramitación, el trabajador puede reclamar la diferencia.
• Es responsabilidad de la empresa demostrar que el trabajador ha encontrado un nuevo empleo para justificar los descuentos correspondientes.

Recurso de la empresa ante la sentencia

En caso de que la sentencia reconozca la improcedencia del despido y la empresa decida recurrir, se presentan las siguientes opciones:

• Pagar la indemnización que se haya establecido.
• Recurrir la sentencia, y si se reconoce una indemnización superior, volver a optar entre pagarla o readmitir al trabajador.

Si se opta por la readmisión después de un recurso, la empresa deberá abonar los salarios de tramitación correspondientes al tiempo en que el trabajador estuvo sin empleo.

Relación entre salarios de tramitación y prestaciones por desempleo

Es crucial que los trabajadores entiendan que no pueden cobrar salarios de tramitación y prestaciones por desempleo simultáneamente. Si un trabajador recibe salarios de tramitación, cualquier prestación por desempleo recibida se considerará un cobro indebido y deberá ser devuelta. Algunos pasos a seguir son:

• La empresa restará del pago de los salarios de tramitación cualquier indemnización recibida por la prestación por desempleo.
• Si el trabajador ha recibido una prestación por desempleo que supera los salarios de tramitación, deberá devolver la diferencia directamente al SEPE.

Reclamación de salarios de tramitación al Estado y al FOGASA

En ciertas situaciones, el Estado o el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) asumirán el pago de los salarios de tramitación. Esto sucede, por ejemplo, en casos de insolvencia de la empresa o en situaciones de concurso de acreedores. Es esencial que los trabajadores sepan que tienen derecho a reclamar estos salarios en tales circunstancias. No obstante, el proceso puede resultar complejo y puede requerir asesoría legal.

Salarios de tramitación: brutos o netos

Los salarios de tramitación se consideran salarios brutos. Esto implica que están sujetos a las retenciones correspondientes por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las cotizaciones a la Seguridad Social. Como resultado, el trabajador recibirá un monto neto inferior al total de salarios de tramitación calculados, ya que se descontarán impuestos y contribuciones sociales.

Responsabilidad en el pago de salarios de tramitación

La obligación de abonar los salarios de tramitación recae sobre la empresa que llevó a cabo el despido. En caso de que la empresa no cumpla con esta obligación, el trabajador tiene derecho a reclamar judicialmente el pago correspondiente. Si la situación lo requiere, el Estado o FOGASA podrán intervenir y asumir dicha responsabilidad, como se explicó anteriormente.

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